Algunas reflexiones en torno a la modificación de la legalización del aborto en tres causales respecto a la objeción de conciencia

Yesenia Alegre Valencia*

La discusión en torno al aborto en Chile se ha centrado en argumentos que lo presentan como un tema limitado al ámbito de lo privado, relacionado exclusivamente con lo valórico y lo moral, y dejando fuera aquellas dimensiones que emergen desde el ámbito de lo político y que están vinculadas con la autonomía de los cuerpos y con la consecución de un derecho. Los discursos que sitúan al aborto como un problema individual y de consciencia invisibilizan el problema social real de acceso a una atención médica segura, que está íntimamente relacionado con las desigualdades de género y de clase social.

A lo largo de la historia las mujeres siempre hemos abortado. Así como las parteras ayudaban a nuestras abuelas a parir también apoyaban y acompañaban a las mujeres que deseaban interrumpir sus embarazos como parte de prácticas y saberes colectivos, ancestrales y mujeriles. Es recién en 1931 cuando, a través de un código sanitario[1], se estima que, dada la alta mortalidad materna, los partos y las situaciones de aborto debían ser tratados por profesionales médicos y controlados en recintos hospitalarios. Desde esa fecha los abortos definidos como ‘terapéuticos’ se realizan en los servicios de salud, aunque -a pesar de esta disposición y por múltiples razones- muchas mujeres preferían seguir abortando en su casa. Es el dictador Augusto Pinochet junto al ideólogo de la ultraderecha conservadora Jaime Guzmán quienes en 1989 establecen, en un acto inconstitucional celebrado entre cuatro paredes, que el aborto en todas sus causales sea declarado ilegal y su realización penada con la cárcel. [2] Una vez más en la historia de Chile las mujeres son situadas como cuerpos a quienes se les debe vigilar, controlar y criminalizar.

A pesar de la incansable lucha histórica que han realizado los movimientos de mujeres y feministas por despenalizar el aborto en Chile, ha tenido que pasar mucho tiempo y muchas discusiones fallidas para que recién en el año 2017 bajo el gobierno de Bachelet, se legislara una ley que propone la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y en casos de violación[3]. Un proyecto de ley que es candentemente criticado y resistido por la derecha y las instituciones conservadoras, pero que, al cabo de múltiples tramitaciones, es aprobado, enviado al tribunal constitucional y finalmente convertido en ley efectiva, incorporando las observaciones dispuestas por este poder que principalmente permitían la “objeción de consciencia” por parte tanto del personal de salud como de las instituciones privadas de salud. Si bien esta “objeción de conciencia” a nivel institucional en el reglamento original contemplaba ciertas restricciones, el trasfondo de tal medida es que nuevamente el tema del aborto era abordando bajo una lógica moral y valórica y no como una reivindicación de derechos por parte de las mujeres.

Todavía no se terminaba de implementar la ejecución de la ley en todos los centros hospitalarios, cuando a menos de un mes de gobierno, Sebastián Piñera y su maquinación ministerial modifican el protocolo de atención en situaciones de interrupción del embarazo, ampliando la objeción de consciencia desde el personal de salud hacia los recintos hospitalarios privados, quitando las restricciones de financiamiento público que habían quedado dispuestas en el trámite anterior en caso que una institución de salud privada no prestara este servicio. Nuevamente, los obstáculos para acceder a una atención digna en salud reproductiva se ven afectados por un discurso decoroso, conservador e individual, que insiste en criminalizar las decisiones y los cuerpos de las mujeres.

A partir de esta historia de retrocesos y avances, de criminalizaciones y luchas con respecto a la autonomía de los cuerpos de las mujeres, quisiera compartir tres sucintas reflexiones. Primero, denunciar las acciones de control que permanentemente se buscan instalar sobre los cuerpos de las mujeres, siendo absolutamente reprochable que se insista en establecer políticas de vigilancia y castigo sobre nuestras decisiones de vida, dando cuenta de una obtusa mirada patriarcal y machista que no se ha logrado desmantelar a pesar de las constantes luchas y movilizaciones sociales. Segundo, desde una mirada de la institucionalidad política, pareciera que el parlamento ha dejado de ser la instancia legítima de discusión y aprobación de proyectos de ley, pues con el actual escenario, ha quedado en evidencia que el tribunal constitucional y los mismos ministerios gubernamentales tienen más poder en lo que a la ejecución y modificación de esta ley se refiere, más allá de lo estipulado en el trámite legislativo. Tercero, no puedo dejar de manifestar mis sospechas con respeto a las fuerzas empresariales que apoyan las restricciones al aborto y de las que muy poco se habla. En un país que se caracteriza por ser liberal en lo económico y conservador en lo valórico, resulta paradójico que la nueva modificación al protocolo de interrupción del embarazo en tres causales se justifique en términos liberales como un asunto de conciencia moral individual por un lado y, por otro, se busque extender esta conciencia individual a las corporaciones de salud con fines de lucro que defienden esta modificación. Habría que preguntarse si tras el simulacro discursivo de la objeción de conciencia institucional no se esconde más bien la conciencia de clase de los empresarios que controlan los directorios de estas empresas de la salud, y para quienes el lucro privado parece ir de la mano de la penalización pública del aborto.  Digo “penalización pública” porque si resulta efectivo, como la misma ministra de salud de la Nueva Mayoría Helia Molina lo sugirió en su momento, que las clínicas privadas siempre han realizado abortos de manera clandestina con un cobro monetario para la paciente mucho mayor que el de una prestación pública, no se debería descartar la posibilidad de una motivación económica tras la defensa de objeción de consciencia. Después de todo, los abortos clandestinos siempre han sido un lucrativo negocio. ¿Por qué no habríamos de dudar?

A pesar del tremendo avance que la Ley de interrupción del embarazo en tres causales ha significado, ésta continúa siendo insuficiente frente a la realidad país respecto al aborto. Según estimaciones, se cree que en Chile se realizan alrededor de setenta mil y cien mil abortos al año[4]. En ese contexto, esta ley sólo vendría a abarcar el tres por ciento de la real necesidad. Las mujeres históricamente hemos abortado y, a pesar de los intentos de coerción por parte del Estado, de la Iglesia y de los sectores conservadores, las mujeres seguiremos abortando porque es nuestro derecho y una práctica asociada a saberes femeninos que se resisten a la dominación masculina. No obstante, su evidente carácter de género, no debemos perder de vista que también corresponde a un problema social y de clase que, mientras que el Estado no garantice el acceso total a la atención hospitalaria en caso de aborto, las principales afectadas seguirán siendo las mujeres de las clases populares. Por lo tanto, desde el movimiento de mujeres y feminista seguiremos resistiendo a estas medidas de control, vigilancia y castigo hacia las mujeres, exigiendo una ley de aborto libre, seguro y gratuito para todas quienes lo requieran.

 

*  Magister en Estudios Culturales de la Universidad Arcis. Doctoranda en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso.

[1] “En el año 1931, con la creación del Código Sanitario, mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 226, se estableció que, por razones terapéuticas, se podía interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, procedimientos que requerían de la opinión documentada de tres facultativos (Art. 226). Más adelante, en 1968, se deroga el Código Sanitario que data de 1931, y entra en vigencia un nuevo Código Sanitario creado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 725. En lo relativo a la interrupción del embarazo, este decreto estableció que “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos-cirujanos” (artículo 119). (En https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/…/1/…Aborto%20en%20Chile)

[2] Ley Nº 18.826, de septiembre de 1989, que reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario con un artículo único, aprobado por la Junta de Gobierno de la República de Chile, que dispone: “Artículo 119.- No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. (Ibidem)

[3] Actual Ley 21.030.

[4] Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, capítulo 2 sobre “La penalización del aborto como uno de los derechos humanos de las mujeres”, 2013 (En http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2013/Cap%202%20Penalizacion%20de%20aborto%20como%20violacion%20a%20ddhh%20mujeres.pdf )

 

 

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