Desafíos de una estrategia de aborto libre en el momento feminista

María Ignacia Banda C.

Cecilia Moreno A.

La interrupción voluntaria del embarazo ha sido históricamente una de las demandas de mayor acuerdo y notoriedad de la agenda feminista en gran parte del mundo. Particularmente en países con restricciones severas, como sigue siendo el caso chileno y el de varios países de Latinoamérica, los llamados a exigir la despenalización y/o legalización del aborto en Chile son también históricos y recurrentes, y son parte de los acuerdos, tácitos o no, que orientan la acción feminista en sus diferentes colectivas y frentes: el reconocimiento del derecho a interrumpir el propio embarazo, más allá de las formas y las estrategias para su alcance. Hoy, tras el escuálido logro de un Aborto en Tres Causales (ATC), y al calor de los resultados de la campaña en Argentina, se hace evidente la necesidad de abrir la discusión sobre formas y estrategias para generar una movilización de nuevas y mayores proporciones en Chile.

Hacia una historia no lineal del derecho a decidir en Chile

Sin intentar profundizar en la historia de la lucha por el derecho universal a abortar segura y gratuitamente en Chile, es posible identificar momentos significativos para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Primero, el de la lucha que permitió la legalización del Aborto Terapéutico en 1931, momento que ha sido señalado como el punto al cual habríamos “retornado” tras el debate sobre ATC, pero que iba mucho más allá en sus alcances. La ley de Aborto Terapéutico no sólo permitía la interrupción del embarazo en situaciones extremas de riesgo o vulneración de derechos, sino que dejaba también abierta dicha posibilidad en las situaciones más comunes entre las mujeres en toda época; como son el malestar psicológico asociado a la obligación de llevar a término un embarazo no deseado y la imposibilidad material de hacerse cargo de un hijo o hija en situaciones de pobreza, soledad y/o abandono. Durante las décadas de implementación de esta ley, que no estuvo libre de estigma y fallas institucionales, los criterios para aplicar un aborto eran claramente más de tres, y podían, en variadas circunstancias, favorecer a las mujeres.

Un segundo momento sería el proceso de franco retroceso de las políticas de interrupción del embarazo existentes hasta mediados de la Dictadura, periodo en que el Aborto Terapéutico se mantuvo, aún cuando las limitaciones para la planificación familiar fueron crecientes, reduciendo las atenciones en salud reproductiva y anticoncepción al mínimo. Esto en un contexto ideal para el cierre de filas en el conservadurismo moral en lo ideológico, a la par de la instalación de un modelo supuestamente “liberal” en lo económico.

Contradictorio o profundamente coherente, lo cierto es que hubo entonces un esfuerzo explícito por aumentar la población, “un deber con el crecimiento de la nación”, según las palabras del propio dictador.

Consideramos pertinente abrirnos a re-pensar el relato que entiende la modificación constitucional de 1989 (protección de la vida del que está por nacer) como un mero “resabio” dictatorial. Afirmamos, habida cuenta de las debilidades de la democratización en Chile, que se trata más bien un preámbulo de la política transicional en torno a este asunto; del comienzo de una nueva forma de democracia, una que no incluía el derecho de las mujeres a su autodeterminación, una que aseguraba la disponibilidad de nuestra capacidad reproductiva para el desarrollo de una determinada política económica.

Resulta necesario detenernos en este punto a fin de no perder el norte en la discusión; el patriarcado ha buscado controlar dicha capacidad en distintos momentos de la historia y es esa usurpación, de hecho, un elemento central de su definición, si entendemos el lugar que ocupamos en las relaciones de producción y reproducción como un elemento central de lo que nos define como mujeres y hombres. Si bien podemos “disentir” de dichas identidades, para transformar dichas relaciones es necesario pasar de la resistencia a la ofensiva. De ahí también la necesidad de preguntarnos, más allá de las categorías de “atraso” o “retroceso” en una lucha que es más bien de ida y vuelta, sobre cómo la alianza capitalista/patriarcal funciona en el mundo y en nuestro continente, y la interrelación de las formas en que las distintas burguesías, nacionales, regionales y transnacionales, gestionan la producción y la reproducción.

Aborto libre y Aborto legal, repertorios para una coyuntura situada

Un tercer momento, queremos pensar, es el nuestro. De todas las que tenemos este asunto en nuestras manos; tanto las que han estado al pie del cañón histórico como las que se han sumado a esta lucha apenas en los últimos meses. Este momento comienza inmediatamente después de la prohibición constitucional, pero tiene como hito inaugural de su auge el 2008, con la primera reacción masiva en torno al intento del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en los consultorios. Desde entonces la articulación feminista en torno al aborto ha sido constante, y la desarticulación también.

Felizmente, las perspectivas que nos dividen no son exclusivas de la realidad chilena, y su solución no está dada por nuestra capacidad de omitir las diferencias sino de hacerles frente, tal y como lo han hecho en otras latitudes.

Estas diferencias no son pocas, y gran parte de ellas parece centrarse en nuestra relación con el Estado. La apelación al derecho negativo (la no intromisión de terceros en la fórmula “aborto libre”) parece contradecir la apelación al derecho positivo (la garantía del derecho a abortar, en la fórmula “aborto legal”), y sin embargo ambos sentidos son centrales en la idea de que “lo personal es político”: demandamos que abortar no sea un privilegio de pocas sino accesible para todas. ¿Cómo hacemos evidente la relación entre ambos argumentos? ¿Cómo transmitimos, o construimos un sentido colectivo de esta demanda sin descuidar el lugar de la autonomía? En el debate entre “despenalización” y “legalización” del aborto como expresiones contrapuestas de esta demanda (negativa y positiva, respectivamente), ¿Cuál debiese ser la postura de una campaña en Chile? Este debate nos plantea un escenario complejo, donde aborto legal implicaría un estatus de prestación garantizada por el sistema de salud, y a su vez, señalan algunas, una amenaza de control biopolítico sobre esta práctica, relativo a protocolos de atención y limitaciones a su ejecución en forma autónoma. Sin embargo la idea de “aborto libre” entrega la falsa señal de que se trata de aborto “a libre demanda”, sin plazos, lo que no existe en ninguna parte del mundo, y omite la responsabilidad del Estado en garantizar su acceso. ¿Cuál de estos términos nos interpreta mejor? ¿Cuál favorece mejor a la diversidad de cuerpos gestantes en sus posiciones raza y clase? ¿Cuál podemos pensar que es más convocante? ¿Cómo trabajamos para eso último? ¿Es posible una síntesis?

Esas preguntas no son nuevas ni han sido ajenas a la experiencia Argentina, y no lo son para las feministas chilenas que nos organizamos por recuperar la soberanía sobre nuestras cuerpos. Sin embargo, nos parece necesario recordarlas y tenerlas presente al proyectar la estrategia política que la despenalización del aborto más allá de las tres causales.

El avance de nuestras compañeras trasandinas es ciertamente una luz de esperanza en un contexto oscuro para nuestra región. Los fundamentalismos se han fortalecido en distintos países, llegan al parlamento, se refieren sin pudor a sus posiciones misóginas y homo/trans/lesbo fóbicas y se empeñan por hacer desaparecer o acotar los derechos de las mujeres. A propósito, decía Rita Segato en el 14° Encuentro Feminista Latinoamericano, que la paz multicultural (liberal) de los noventa ya había pasado y que el crimen organizado y los fundamentalismos son estrategias del capital para salir de la crisis, a costa de la subordinación de las mujeres. Ignorarlos es una irresponsabilidad que las feministas no nos podemos permitir.

¿Cómo nos paramos en ese contexto? Creemos que un primer paso es reconocer la fuerza que, articuladas bajo una idea y con unidad política, podemos tener. Es necesario partir desde un análisis actual de la coyuntura en que nos situamos.

Hasta hace un tiempo, una de nuestras estrategias había sido la transversalización de la perspectiva feminista, incorporándola en otros conflictos sociales de mayor audibilidad pública (educación, trabajo, previsión social, etc.). Sin embargo, este año los feminismos, de ambos lados de la cordillera han conseguido ser el conflicto político-social en la palestra, y han mostrado la fuerza que una ola feminista puede tener para convocar, interpelar sentidos comunes y enfrentar de gobiernos de derecha. Ser conscientes de eso y proyectar nuestra fuerza para conseguir derechos es una posibilidad y una necesidad. Pero también lo es que esa fuerza se proponga pensar una región más allá del neoliberalismo, con territorios soberanos y bienes comunes, y que la autonomía la definamos poniendo por delante el colectivo y las necesidades de todas, superando los estrechos márgenes de la “libertad individual” que otras experiencias del norte global nos habían presentado como único horizonte.

Anuncios