La supuesta colaboración para el fin de los pactos de silencio de la Dictadura. Las dudas que genera el proyecto de ley de Bachelet

Javiera Campos, Investigadora de Desclasificación Popular www.desclasificacionpopular.cl

 

Hace unos días, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad (boletín 11.569). Lamentablemente, la prensa chilena solo se ha fijado en un punto del proyecto de ley: los cambios al indulto presidencial.

Siendo que, lo más importante, es el resto de la iniciativa: los beneficios carcelarios a los que podrían acceder todos los presos por crímenes de lesa humanidad. En simple, si estos reos dicen “lo siento” y “colaboran”, podrán acceder a salidas, liberad condicional, libertad vigilada y rebaja de condena. Y los reos enfermos de Punta Peuco, podrán sustituir su pena si suscriben una manifestación pública de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria, por el contexto de los mismos y por el mal causado a las víctimas y sus familiares.

Jaime Campos, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, se ha dedicado a vociferar que hoy sí se terminarán los pactos de silencio de la Dictadura. Pero estas buenas intenciones quedan en duda: ¿Qué significa colaborar? No queda totalmente claro este punto, lo que es preocupante. Ya que se generan dudas.

Para explicar bien el punto: imaginemos a un reo de Punta Peuco, cualquiera. Fue condenado y su causa judicial está cerrada. Sin embargo, tiene ganas de salir el domingo. Ve sus opciones y dice “bien, pediré disculpas”. Ve el otro requisito y dice “colaborar”. Bueno, el reo se enfrenta a qué es colaborar: decir “yo lo/a maté”, “yo sé dónde está el cuerpo de mi víctima”, “yo sé dónde están los registros de los detenidos en ciertos centros de tortura”, y la cuestión puede dar para largo. Supongamos que colabora y dice “sí, yo maté a esta persona y lo/a fueron a tirar a tal lado”. Si esto llegara a pasar, el proyecto de ley no nos dice qué se hará con la colaboración: quién la recibirá, quién la estudiará, quién comprobará su veracidad ni qué se harán si se dan datos nuevos. Si el reo llega a dar información sobre casos de tortura: quién comenzará la causa judicial. Qué hará el Poder Judicial con la nueva información.

Surgen, de la simple lectura, todas estas dudas. Lo que nos ha dejado más que preocupados. Se podría pensar que todo esto surge meramente por la ética de la sospecha, de dudar de cualquier acción de, en este caso, la clase política chilena. Pero, hay argumentos suficientes para dudar.

En el año 2016, se hizo una reforma al reglamento de establecimientos penitenciarios[1]. Se exige, al igual que el proyecto de ley, requisitos especiales para acceder a permisos como la salida esporádica; la salida dominical; la salida de fin de semana, y la salida controlada al medio libre a los condenados por delitos de homicidio, castraciones, mutilaciones, lesiones graves gravísimas, lesiones graves, lesiones menos graves, violación, abuso sexual, secuestro, sustracción de menores, tormentos o apremios ilegítimos, asociación ilícita, inhumaciones y exhumaciones, cualquiera haya sido la denominación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actuaron con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Los requisitos son los siguientes:

  1. El informe psicológico para acceder a esos permisos deberá dar cuenta que estos condenados tengan conciencia de delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio. Y, además, debe dar cuenta del arrepentimiento del interno por los hechos cometidos. Lo último lo agrega la modificación publicada en el Diario Oficial hace unos días y es requisito a los condenados que aparecen en el artículo 109 bis del reglamento de establecimientos penitenciarios.
  2. Para la concesión de permisos, se requerirá, además del informe favorable del Consejo Técnico y de la aprobación de la solicitud por parte del Jefe del Establecimiento, la ratificación de esta última por el Director Regional respectivo.
  3. Un informe positivo, para estos condenados, será cuando la unanimidad de los miembros del Consejo Técnico se pronuncie positivamente acerca de la postulación del interno al permiso de que se trate.
  4. Por último, será necesario acreditar, por cualquier medio idóneo, que los condenados que aparecen en el nuevo art. 109 bis han aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de la misma naturaleza. Para estos efectos se considerará la colaboración realizada en las causas en que actualmente se investigue, se juzgue o se haya juzgado al condenado, incluso cuando aquélla se hubiere prestado con posterioridad a la dictación de la respectiva sentencia condenatoria. La misma regla se aplicará tratándose de la colaboración prestada en causas de la misma naturaleza, seguidas en contra de otras personas.

A pesar de esto, no se ha hecho público qué condenado ha colaborado y cómo ha colaborado para obtener los beneficios carcelarios. En lo personal, no he podido acceder a algún informe sobre este tema por parte de Gendarmería de Chile ni menos por parte de la nueva Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí sabemos que, durante el 2017, muchos reos de Punta Peuco accedieron a diversos beneficios carcelarios. Entre ellos, varios viajes. Esto ya estaba en funcionamiento, pero hoy se envía un proyecto de ley ¿El decreto no funcionó?, si es así ¿por qué funcionaría mejor un proyecto de ley?

Finalmente, la otra duda que queda es si el Poder Judicial hará algo con los datos provenientes de la colaboración. Un ejemplo ya conocido: el ministro Jorge Zepeda tuvo por mucho tiempo los archivos de Colonia Dignidad bajo secreto y no se iniciaron causas judiciales nuevas con esta información[2]. Siendo que ese archivo es muy detallado. La recuperación de este archivo, su futura publicación y también las acciones judiciales son gracias a las organizaciones de DD.HH., y no gracias al Estado ni al Poder Judicial. Otro ejemplo, más desconocido, es que el Poder Judicial ha tenido acceso a una gran cantidad de archivos de la Comisión Valech II[3]. Y la lectura de los antecedentes no ha originado ningún proceso criminal. Siendo que son archivos con bastante información.

Será necesario, entonces en la futura tramitación legislativa, que se aclaren estos puntos. Y establecer de manera concreta cómo esta iniciativa ayudaría a romper los pactos de silencio, si la colaboración será corroborada, y que los familiares y sobrevivientes de la prisión política y tortura participen en estos procesos.

 

[1] Decreto n° 924 del 22 de febrero del2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087809 (sitio online visitado el día 24 de enero del 2018).

[2] Ver: http://www.londres38.cl/1937/w3-article-95558.html (sitio online visitado el día 24 de enero del 2018).

[3] Ver: http://www.pjud.cl/web/guest/noticias-del-poder-judicial/-/asset_publisher/kV6Vdm3zNEWt/content/indh-entrega-a-la-corte-de-apelaciones-de-rancagua-600-fichas-con-antecedentes-de-personas-torturadas (sitio online visitado el día 24 de enero del 2018).

 

 

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